José María Andérez, secretario de la ULA (Foto Ramón Pico)
El personal jubilado de la Universidad de Los Andes sigue esperando que el Gobierno Nacional cumpla con su compromiso del pago de los pasivos laborales. Sin duda todos los universitarios reconocen el esfuerzo que el gobierno ha hecho para proceder al pago de esta deuda social que se tiene con los miembros de esta comunidad y la cual es cuantiosa y complicada de pagar. El proceso de pago a través de los conocidos Bonos Petrorinocos, ha tenido muchos detractores debido a la poca información disponible y el secretismo con que el proceso se ha venido realizando.
“El Consejo Universitario en múltiples oportunidades solicitó a la OPSU, durante los años 2012 y 2013, que nos informara cuál era la fórmula de cálculo que utiliza para cuantificar la deuda, ya que la manera como lo hacía la Universidad de Los Andes -con un instructivo de la misma OPSU- y la manera como lo hace la OPSU, generaba diferencias muy importantes, producto de los criterios para el cálculo de los intereses sobre los pasivos laborales”, indicó José María Andérez, secretario de la ULA.
Hasta ahora nadie sabe quién va a salir en los listados, no hay una expectativa y cronología de pago, lo cual genera incertidumbre, principalmente en un país de altísima inflación y devaluación, ya que un beneficiario a quien se le adeude una cantidad importante de dinero, hoy viene a representar la mitad de lo que le corresponde y que debía habérsele pagado el año pasado. Esta situación ha generado comentarios que ponen un velo de negatividad a un proceso que la gente lo ha valorado como positivo.
“La ULA presentó para la consideración de la OPSU, la historia laboral de casi 3 mil personas, hasta ahora han salido 24 listados y se prometió, hace unos 6 meses atrás, que el gobierno iba hacer un esfuerzo para que este año se pagaran todos los pasivos laborales y, cuando mucho, a más tardar en el primer trimestre del año que viene. Normalmente la ULA, en los diferentes listados que iban saliendo, tenía en promedio menos de 10 personas por listado, solamente en dos o tres listados salieron más de 100 beneficiados y, si tomamos en cuenta que tenemos 3 mil y salen en promedio 100, eso quiere decir que se requieren más de 2 años para pagar esta deuda, ya que falta más de mil 400 personas por salir. Cuando se hizo la promesa que iban a acelerar este pago, pensamos que se iba a incrementar el número de los beneficiarios para la ULA y la realidad no ha sido esa. En los dos últimos listados, el 23 y 24 apenas salieron 77 y 55 personas respectivamente, con lo cual a la ULA solamente se le han reconocido el pago de los pasivos a la mitad de las personas que lo habían solicitado”, informó el profesor Andérez.
También existe otro agravante, generalmente salían más profesores que personal administrativo, ya que había una cantidad mayor de estos jubilados, ahora esto se ha revertido y el 80 por ciento de los beneficiaros corresponden al personal administrativo. Resaltó asimismo el profesor Andérez que están saliendo personas que están recién jubilados, lo cual no debe ser, ya que aún hay gente de los años 1999, 2000, 2001 y 2002 que no han recibido ese pago. Por ejemplo, en el caso de los jubilados del año 2002, habían 140 profesores y 92 administrativos y hasta la fecha menos de 20 beneficiados administrativos han salido y menos de 80 profesores, por lo que falta más de la mitad de las personas jubiladas en ese año en particular.
“El llamado que hacemos al Gobierno Nacional es que se le dé transparencia a ese proceso, ya que uno debería saber cuándo podría estar cobrando y así poder planificar el uso de eso recursos. No es justo que alguien que se jubiló en el año 2011, a menos que tenga una condición especial, una enfermedad grave u otra razón de peso, salga primero en los listados que alguien que ya tiene 10 años jubilado. El llamado es para que se aceleren los pagos y se explique cuál es la política que se está aplicando, pues la actual ha afectado a la ULA, ya que está siendo perjudicada”, dijo finalmente el profesor Andérez.
En torno a esta materia, en la Universidad de Los Andes hay una asociación de personal jubilado en defensa de sus derechos, que está convocando a una asamblea, a la cual asistirán las autoridades de la ULA, el director de la DAP, la directora de Personal de la institución universitaria, y que se realizará el próximo viernes 27 de septiembre a las 11 de la mañana en el auditorio A de Faces donde se leerá también un acta firmada en Valencia en relación con esta problemática surgida de una reunión realizada por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu). La invitación es a todos los jubilados tanto profesores como administrativo para que participen en la asamblea.